La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha denunciado a la Comisión Europea y al Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del gobierno balear que prohibirá, con diferentes plazos, la circulación de los vehículos de combustión.
Según ha informado el Anfac en un comunicado, esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición que puedan circular por las Islas, a partir del 2025, vehículos diésel (coches y motos) que, en cambio, circularán legalmente al resto de España y de la Unión Europea.
La futura norma también prevé que a partir del 2035 se prohíba la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsados con combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Solo lo podrán hacer los que ya estén en las Islas, independientemente de su antigüedad.
Por lo tanto, según el Anfac, jefe ciudadano europeo podrá acceder a partir de aquella fecha con su vehículo de combustión a las Islas. Tampoco los concesionarios situados en las Baleares podrán vender vehículos de estas tecnologías, a diferencia de sus competidores a la Península, con el consiguiente impacto económico, según la patronal.
El Anfac considera "arbitrarias, poco idóneas y desproporcionadas" las medidas previstas en la futura ley, que encuentra "huérfanas de cualquier apoyo técnico o científico" y suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea", así como de la ley española de garantía de la unidad de mercado.
La prohibición pretende "acabar con un supuesto problema de calidad del aire", asegura la denuncia, a pesar de que a las Islas es entre buena y excelente según el Informe de Calidad del Aire 2017 de las Baleares. "La prohibición incumple de manera flagrante la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, porque afecta gravemente el normal funcionamiento del mercado e incide de manera costosa y perjudicial en la libertad de circulación de mercancías ", dice la Anfac a la denuncia.
Fuente: Ara.cat // 16.01.2019
