El pasado 21 de septiembre, asistí, como directora general de FER, junto a la Asociación Nacional de Gestores (ANGEREA), el Gremi de Recuperació de Catalunya y la Asociación Española de Recuperadores Recicladores de Papel y Cartón (Repacar), a una reunión con altos representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para analizar las alegaciones presentadas por la industria del reciclaje al Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (APL), cuya fase de participación pública finalizó el pasado 3 de julio.
El objeto del APL es transponer dos Directivas comunitarias: la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (plazo de transposición: 5 julio 2020), y la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (plazo de transposición 3 de julio de 2021).
Asimismo, el APL revisa y actualiza el régimen jurídico aplicable a los residuos y a los suelos contaminados establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, la cual se deroga.
En el encuentro con el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar Cano, y la subdirectora general de Economía Circular, Margarita Ruiz Saiz-Aja, presentamos una batería de alegaciones y cometarios en defensa de los intereses de los gestores de residuos.
A este respecto, resulta alentador el informe publicado el pasado 30 de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que “desde la óptica de promoción de la competencia y los principios de buena regulación” identifica una serie de aspectos susceptibles de mejora alineados con las alegaciones realizadas por FER, tales como los referidos al fin de la consideración de residuo, la autosuficiencia y proximidad de la red estatal integrada de instalaciones, la declaración de servicio público, la constitución de fianzas, avales y seguros, el acceso a las distintas actividades mediante autorizaciones y comunicaciones o la responsabilidad ampliada del productor.
El objetivo que persigue la industria del reciclaje es que la nueva Ley de Residuos la sitúe al fin como la solución al enorme reto planteado por la Unión Europea en materia de residuos, tras los compromisos adquiridos por los Estados miembro, en lugar de como un problema. Un problema generado por numerosas normativas que hasta la fecha han derivado en cargas administrativas desproporcionadas, inacción de las autoridades ante la competencia desleal, disparidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas, impuestos añadidos a la propia actividad de reciclar y un largo etcétera de agravios que producen inseguridad jurídica y ponen en riesgo la viabilidad económica de un sector formado mayoritariamente por pymes.
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Fuente: gestoresderesiduos.org // 26.10.2020
